Según el juez Martín Cormick, “Esa medida represiva atenta contra el derecho a ser oído y puede generar un daño irreparable a quienes ya están en condición de vulnerabilidad".
"El que corta no cobra", amenazan los carteles en estaciones de trenes y colectivos ante las movilizaciones de la era Milei.
La advertencia que inauguró la ministra de Seguridad Patricia Bullrich contra la protesta social se convirtió en una resolución que firmó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello en abril del 2024.
El motivo y la acusación según el Gobierno fue la interrupción de la circulación y actos de violencia que alteran el orden público.
La UTEP (Unión de los trabajadores de la economía popular) cuestionó y pidió su nulidad de la resolución 84/24 a cargo de Capital Humano.
El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick, dictó una medida cautelar que impide al Gobierno expulsar de los programas "Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social", prohíbe suspender el pago a sus beneficiarios por participar en protestas.
Según el magistrado tienen "indicios de ilegitimidad", atentan "contra el derecho a ser oído" y a defenderse en un proceso administrativo.
A demás pueden "generar un daño irreparable" a quienes ya están en "la condición de vulnerabilidad".
