El programa fue auditado por el Gobierno nacional sin registrar irregularidades. La decisión de eliminarlo deja a más de 5 millones de personas sin obras de agua potable, cloacas, electricidad segura, calles y viviendas.
Organizaciones sociales protestaron el martes 20 de mayo frente el Ministerio de Economía por el freno a las 700 obras de mejoramiento en barrios populares.
El pedido es que el Ministerio de Economía dé a conocer el estado de los fondos que recaudó con el FISU así como el detalle del dinero disponible, los montos ejecutados y los pagos pendientes.
El FISU fue auditado por la SIGEN, universidades y organismos internacionales como el BID, sin registrar observaciones por malversación ni irregularidades.
Su eliminación se enmarca en una política de recorte de estructuras del Estado impulsada por la administración de Javier Milei.
Participaron organizaciones de la Mesa Nacional de Barrios Populares, UTEP, TECHO, Cáritas y UTEP) . También se acercaron trabajadores del Estado, organizados en ATE, trabajadores de la Economía Popular, cooperativas de trabajo comunitarias junto a vecinos y vecinas damnificadas.
El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), fue creado por el decreto 819/2019 con el objetivo de financiar proyectos de
integración socio urbana para los barrios populares que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Barrios
Populares (Reabap) y la creación de lotes con servicios. Es contemplado dentro de la ley 27.453.
Esa ley obliga al Estado a urbanizar los barrios populares. Hay 6.400 viviendas ya censados.
Por otra parte, las organizaciones le reclamaron a Sebastián Pareja, que es el subsecretario de Integración Socio
Urbana, un plan de gestión para que las obras sean retomadas.
Pareja es el armador político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, el funcionario ha defendido
públicamente lo hecho por la Secretaría de Integración durante el gobierno anterior.
